La seguridad jurídica se refiere al principio fundamental de un sistema legal que garantiza que las leyes son claras, estables y predecibles, y que se aplican de forma justa y equitativa a todos los ciudadanos. Este concepto es esencial para el funcionamiento adecuado de un Estado de derecho, ya que proporciona estabilidad y certidumbre a las personas en sus relaciones con las autoridades y otros individuos.
La seguridad jurídica implica que las leyes sean coherentes y predecibles, que los procesos legales sean transparentes y justos, y que los derechos individuales sean protegidos y respetados. Esto incluye la garantía de que las decisiones judiciales se basen en la ley y no en la arbitrariedad, y que las normas legales se apliquen de forma consistente y sin discriminación.
En resumen, la seguridad jurídica es esencial para garantizar la confianza en el sistema legal y en las instituciones del Estado, promoviendo así la estabilidad, el crecimiento económico y el respeto por los derechos humanos.
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